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Napolitano, sobre la Constitución y la inmigración

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En la polémica que rodea la política de inmigración de Trump (particularmente la práctica de separar a los hijos de los inmigrantes de sus padres), sus defensores repiten una afirmación: los inmigrantes no tienen derecho a quejarse acerca del trato que reciben ellos y sus hijos, porque han quebrantado la ley. Sorprendentemente, esta afirmación la realizan incluso autodeclarados libertarios.

Aun así, dejando aparte los problemas evidentes acerca de si las leyes de inmigración son justas para empezar, hay también cuestiones legales a plantear acerca de si el gobierno federal, de acuerdo con su propia concesión de poder, tiene derecho a crear y aplicar leyes que regulan la inmigración en absoluto. El juez Andrew Napolitano argumenta que en pocos casos, si es que alguno. En un artículo de 2015, Napolitano, al que difícilmente puede clasificarse como antilibertario ni ser acusado de ignorancia de la Constitución, hace una distinción sencilla pero poderosa acerca de los límites del poder federal: “ la propia Constitución (de la cual derivan todos los poderes federales) no delega al gobierno federal poder sobre la inmigración, solo sobre la naturalización”. Las discusiones constitucionales sobre poderes específicos sobre la inmigración tienden a centrarse en la cláusula de migración o importación. Sin embargo, Ilya Somin aclara además que esta cláusula se refería originalmente al comercio de esclavos, no a la inmigración voluntaria y por tanto es un callejón sin salida.

Napolitano observa que la única otra manera por la que el gobierno federal justificaría (al menos a sí mismo) restringir los derechos naturales de personas o grupos es que se cumplan ciertos criterios excepcionales:

Esa alta exigencia se llama escrutinio estricto. Requiere que el gobierno demuestre que un área articulada de jurisdicción y un interés convincente del estado se atienden con la alternativa menos restrictiva antes de poder tratar a una persona de manera distinta o única debido a su lugar de nacimiento. Un interés convincente del estado es aquel que resulta necesario para preservar la vida o la existencia del estado y debe tratarse usando la fuerza mínima y causando la mínima interferencia posible con la libertad personal.

Es difícil imaginar cómo podría alguien argumentar impasible que la ICE u otras instituciones federales cumplen este patrón de restricción (por no hablar de establecer una amenaza existencial).

Además del problema general de la autoridad federal sobre la inmigración, Napolitano también argumenta que la (aparentemente interrumpida) política de separación de hijos viola las leyes actuales. Como explicaba en una entrevista reciente:

Han elegido separar a los hijos de sus padres y confinarlos una instalación con otros hijos (…) Esto es una violación de la ley federal que prohíbe la reclusión de niños durante más de 72 horas. Es una violación de la ley de todos los estados a lo largo de esa frontera, Texas, Nuevo México, Arizona, California, separar a un hijo de su padre excepto en el caso de salvar una vida humana. Así que se convierte en una forma de abuso infantil. El gobierno federal, en mi opinión, está usando a los hijos como peones, como una herramienta de negociación (…) El daño que se está infligiendo a los niños es de tal profundidad psicológica que podría no ser reparable durante muchos años. Jeff Sessions lo sabe. El presidente debe saberlo.

Ahora bien, la Constitución (etc.) no puede considerarse la última palabra sobre ley y inmoralidad, pero los defensores del gobierno limitado se la toman en serio y a menudo invocan el intento original de justificar la restricción del poder federal en otros contextos. La política de inmigración no debe conceder inmunidad a partir de esa coherencia. Si Napolitano tiene razón, no queda ninguna justificación de este tipo para los defensores del actual régimen polític.

Matt McCaffrey, former Mises Research Fellow, is assistant professor of enterprise at the University of Manchester.

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Wikipedia
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